En Baja California cambió el Código Penal y ahora quienes dañen edificios públicos se les castigará con prisión de 3 a 9 años y hasta mil días de salario multa, equivalente a 80 mil pesos. La  legisladora Victoria Bentley Duarte, propuso la ley contra grafiti argumentó que los edificios públicos son inmuebles que representan el lugar de trabajo de los distintos órganos de gobierno y su perjuicio lesiona la prestación de servicios a los ciudadanos.

La Asamblea Legislativa de Baja California aprobó por mayoría el dictamen 32 proveniente de la Comisión de Justicia que inscribe un nuevo supuesto mediante la adición de una fracción cuarta al artículo 228 TER del Código Penal del Estado, con el propósito de establecer que destruir o dañar edificios públicos es una agravante del delito de daño en propiedad ajena.

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Actualmente, el artículo 228 TER ya disponía el mismo castigo  contra quienes afecten inmuebles de instituciones educativas y culturales tanto públicas como privadas, parques y jardines públicos, así como bienes del patrimonio cultural. Con esta iniciativa aprobada por el Pleno del Congreso, se le agrega el supuesto de “Edificios públicos”.

La diputada del Partido Acción Nacional explicó que al dañar a edificios públicos está contemplado como delito de querella, lo cual deja al arbitrio discrecional de quien legalmente representa al ente gubernamental la presentación de la misma para que se pueda investigar y castigar el daño, lo que provoca que en muchas ocasiones que al no haber querella quedan en total impunidad estas conductas.

Lo contrastante es que mientras la portación de arma de fuego ya no es delito grave, ser Graffitero alterando espacios públicos sí lo es.

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